El espacio público en Chía ha sido recientemente escenario de acontecimientos que invitan a la reflexión sobre la libertad de expresión, la memoria y la gestión gubernamental. La remoción de expresiones artísticas y la controversia que rodea a la administración actual, marcada por denuncias públicas, configuran un panorama complejo que no puede pasar desapercibido.
En el municipio de Chía, un patrón de “limpieza” de espacios públicos parece emerger. Esta limpieza no se limita a la basura y el ornato, sino que se extiende a las expresiones artísticas y a la memoria colectiva, especialmente cuando estas resultan “inconvenientes” para ciertas narrativas de poder. Y, no sorprende que suceda en el marco de la administración de un alcalde que colecciona denuncias públicas por violencia de género.
Recientemente, la indignación se ha encendido tras el borrado de los murales realizados en homenaje a la memoria de Natalia Santodomingo y Sara Millerey, mujeres trans brutalmente asesinadas en Cajicá, Cundinamarca y Bello, Antioquia. La Mesa Comunitaria LGBTIO+ Cajicá, en un comunicado contundente, expresó su “RECHAZO Y CONDENA” a este acto. “Esta borrada fue realizada por sectores políticos y ultra conservadores radicales del municipio de Chía a menos de un mes de su elaboración, pisoteando la memoria y las denuncias frente a los asesinatos de personas trans”, denunciaron. Los murales no eran meras pinturas, sino “Memoria viva, eran duelo colectivo, eran resistencia trans”. Y si nos quieren fuera de la historia, señalan, “Nunca nos vamos a ir.” Un mensaje que, para algunos, parece ser una invitación a acelerar el borrador.
Este acto de “mantenimiento” cultural se suma a otro anterior: la censura del mural 'Las cuchas tenían razón‘, que estaba ubicado en el puente vehicular frente a Centro Chía, una obra que, según reportó Mutante.org, también fue silenciada (Fue el único municipio de Cundinamarca que censuró el mural). Pareciera que en Chía, la libertad de expresión es un concepto tan efímero como una obra de arte callejera, especialmente si esta desafía el statu quo. La creatividad, al parecer, debe ser medida y aprobada, como si de una partida de ajedrez con piezas predefinidas se tratara.
Todo esto sucede en el marco del silencio cómplice de un alcalde agresor con las mujeres. A la cabeza de esta administración municipal, que tan diligentemente se ocupa de los espacios públicos y las expresiones artísticas, se encuentra el alcalde Leonardo Donoso. Un nombre que, para quienes siguieron de cerca la política local, no es ajeno a las controversias. Desde la campaña electoral, las denuncias por violencia intrafamiliar en su contra eran de conocimiento público, como reportó Cambio Colombia. Unas nimiedades que, al parecer, no fueron impedimento para alcanzar la alcaldía de tan importante ciudad.
Pero las denuncias no son cosa del pasado. Han sido reiteradas y expuestas a través de Jacarandas el pasado 8 de abril. La transcripción de la denuncia es elocuente: “Escena 1, un político diciendo que lo que dicen de él es una estrategia sucia de sus contrincantes. Escena 2, el mismo político es violento con su pareja y la manipula con su hija. Escena 3, ese mismo político cambiando todo el discurso, negándolo todo, moviendo fichas para él quedar como la víctima“. Y la escena 4, la actual: “ese mismo político ahora es alcalde de una importante ciudad, le hace la vida imposible a su pareja, dilata todo el proceso legal y hace que ella sufra“.
La expareja del alcalde denuncia violencia psicológica durante años, incluso después de la separación, y la supuesta manipulación de procesos legales, cierre de puertas, y la retención ilegal del pasaporte y visa de su hija. “Incluso hay un video donde se ve que él la empuja y la amenaza frente a la comisaría“, se menciona en la denuncia. Y la guinda del pastel: “como es un alcalde importante, se ha encargado de limpiar su imagen y de hacerla quedar a ella como la mentirosa“, la clásica retórica de los agresores, al más puro estilo de quienes parecen creer que el poder está, efectivamente, por encima de la justicia.
El paralelismo entre la sistemática “limpieza” de murales que incomodan y el presunto modus operandi de silenciar y desacreditar a una denunciante es tan sutil como un mazo golpeando una pared. En Chía, parece que no solo se borra la pintura; se intenta borrar la memoria, la resistencia y, lo más preocupante, la búsqueda de justicia. “El poder no está por encima de la justicia y los derechos de las mujeres“, claman desde Jacarandas…ni de las mujeres trans. Una verdad tan obvia que, en este contexto, parece una declaración revolucionaria.
La coincidencia entre la censura de expresiones artísticas que abordan temas sociales y de memoria, y las serias denuncias que recaen sobre la máxima autoridad municipal, genera una preocupación legítima: ¿qué se está construyendo cuando se borra la memoria y se ignora la justicia?
La reflexión apunta a la necesidad de garantizar espacios seguros y libres para la expresión ciudadana, especialmente en un contexto donde las denuncias de violencia de género contra figuras de poder requieren la máxima atención y un proceso judicial justo y sin dilaciones.
Los recientes acontecimientos en Chía invitan a la ciudadanía y a las autoridades a un diálogo honesto sobre el respeto a la memoria, la protección de la libertad de expresión y la urgencia de abordar las denuncias de violencia de género con la seriedad y la diligencia que ameritan, asegurando que la justicia prevalezca y que ninguna voz sea silenciada.
